La FGE ha actuado con tortuguismo en la denuncia en contra del exalcalde Manuel Rosendo…

A pesar de contar con los elementos suficientes para proceder en su contra, se desconoce el estado que guarda la investigación: Octavio Pérez.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., La Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, ha actuado con tortuguismo en la denuncia interpuesta por daño patrimonial en contra del exalcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, a pesar de contar con elementos suficientes para proceder y no lo ha hecho hasta el momento.

Esto lo informó el alcalde Octavio Pérez Garay, quien dijo que en la carpeta de investigación que se integró, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) sustentó el daño patrimonial, pero se desconocen los motivos por los cuales la Fiscalía General del Estado no ha cumplido con su responsabilidad.

Por tal motivo hizo un llamado al titular de esta institución para que actúe de inmediato en contra de su antecesor que afectó gravemente las arcas municipales de San Andrés Tuxtla.

Entrevistado en esta capital, el munícipe tuxtleco, recordó que desde septiembre de 2017 que fue interpuesta la denuncia por la compra falsa de luminarias y brick de leche Liconsa, no se ha avanzado en las investigaciones ministeriales. “Todo está sustentado y están las evidencias, pero la Fiscalía ni tan siquiera ha citado a Manuel Rosendo Pelayo, acusó.

Dio a conocer que el ORFIS dio el fallo por daño patrimonial en 2016 por más de 16 millones de pesos y en 2017 por 56 millones de pesos, mismas que fueron presentadas como pruebas acusatorias ante la FGE y se desconoce el estado que guarda la investigación

Por tal motivo, solicitó que la Fiscalía se ponga a trabajar y haga proceder las denuncias interpuestas, a fin de recuperar parte del daño patrimonial causado a los tuxtlecos.

Finalmente, solicitó el respaldo de la LXV Legislatura para dar agilidad al proceso y subrayó que su administración paga, de los préstamos que dejaron al Ayuntamiento, el 75 por ciento de intereses y el 25 por ciento de abono a capital, lo cual perjudica la realización de infraestructura social.