La Juez Karla Sofía Barrera Torres incurre en actos de corrupción y tráfico de influencias, denuncia la CCC…

Pretende desalojar el próximo lunes a 40 familias de sus terrenos para adjudicárselos al ganadero Manuel Urgell: Moisés Reyes.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., La Central Campesina Cardenista denunció actos de corrupción y tráfico de influencias en las que incurre la Juez cuarto de primera instancia, con residencia en Minatitlán, licenciada Karla Sofía Barrera Torres, al pretender despojar de sus terrenos a 40 familias campesinas para adjudicárselos al ganadero Manuel Urgell Pérez.

Moisés Reyes Fausto, secretario de Asuntos Agrarios del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización campesina, dio a conocer que con la orden de desalojo 3455/2018 en el expediente 294/2012, la citada Juez afecta a dichas familias de escasos recursos, que desde hace 18 años mantienen en posesión 250 hectáreas de terrenos propiedad de la Nación.

Explicó que con fecha 14 de julio de 2011, Pascual Rueda Contreras y 40 campesinos más del poblado La Molinera, municipio de Las Choapas, solicitaron la enajenación a título oneroso al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), una superficie de 250 hectáreas.

Indicó que con fecha 29 de julio de 2011, la delegación de la Sedatu, solicitó la investigación de antecedentes registrales del citado predio u el 15 de mayo de 2012, la delegación del Registro Agrario Nacional, informó que el predio que se pretende regularizar, vía terrenos nacionales con el nombre de La Molinera, se refiere a una fracción del predio Ferrocarriles, administrado por Petróleos Mexicanos, propiedad de la Nación.

El 13 de diciembre de ese mismo año, la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, autorizó a la Delegación de la Sedatu, llevar a cabo los trabajos de deslinde y medición del predio La Molinera, dicho deslinde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero del 2013, y en la Gaceta Oficial del Estado el 7 de febrero del 2013, así como en el Diario del Istmo de Coatzacoalcos, el 30 de enero de 2013, refirió.

Señaló que con fecha 20 de marzo de 2013, se comisionaron a los ingenieros Juan Arlos Escalante Reséndiz y Hesiquio Martínez Castillo de oficinas centrales de Sedatu, para llevar a cabo los trabajos de deslinde, y con fecha 27 del citado mes y año, se notificaron al representante del grupo, así como a los colindantes del predio a deslindar, así como al ciudadano Manuel Urgell Pérez. Dichas diligencias se llevaron a cabo el 27 de marzo del 2013.

El dirigente campesino mencionó que el 1 de abril del 2013, Manuel Urgell Pérez presenta inconformidad ante la Delegación de Sedatu, por los trabajos de deslinde, aportando como prueba la escritura número 2,147 del 3 de julio de 1975, que ampara la adquisición por prescripción positiva del predio rústico La Guadalupe de 110-09-85 hectáreas de la Congregación Río Pedregal, municipio de Las Choapas.

El 16 de diciembre de 2013, la Delegación de la Sedatu emite opinión en sentido positivo del expediente de terrenos nacionales del grupo de posesionarios y la Delegación de la Sedatu, el 28 de abril de 2017, ratifica su opinión en sentido positivo en favor del poblado, valorando todas y cada una de las pruebas aportadas por Manuel Urgell Pérez, añadió.

Dijo tener conocimiento de la inconformidad presentada por el antes mencionado y su resolución fue improcedente, en virtud de no acreditar la superficie que ampara su escritura se trate de propiedad privada, salida legalmente del dominio de la Nación.

Sin embargo, manifestó que a pesar de haberse demostrado con los trabajos realizados por la Sedatu, que los terrenos en posesión de los pobladores de La Molinera, son terrenos propiedad de la Nación, Manuel Urgell Pérez promoción juicio civil, encontrando en la ciudad de Minatitlán una juez a modo, como la licenciada Karla Sofía Barrera Torres, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, quien ha puesto la justicia al servicio del antes citado para ordenar desalojar con el auxilio de la fuerza pública a las familias que habitan en dicha comunidad, despojándolas de su único patrimonio con que cuentan para sacar adelante a sus familias.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente al nuevo gobierno que encabezará Cuitláhuac García Jiménez, para que pare estas injusticias que pretenden llevar a cabo el próximo 3 de diciembre y que de llevarse a efecto, podría generar una confrontación en un municipio donde el tema de inseguridad y violencia ha escalado a niveles que ha obligado a las comunidades para auto-defenderse de las injusticias como las que aquí se denuncian y que al amparo de la ley se cometen todos los días.