Al pasar el retén y comprobar licencia vencida, su unidad fue remitida al corralón, violando sus garantías individuales.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., El operativo alcoholímetro no cumple con los objetivos trazados para lo que fue implementado, pues al parecer lo que se busca es recaudar recursos en el año de hidalgo de la actual administración estatal, sin importar que con las acciones que se realizan en contra de conductores y automovilistas estén al margen de la ley.
Una prueba de ello, es lo ocurrido la madrugada de este domingo en el que se vio involucrado el profesor Martín Antonio Gabriel, secretario del nivel de Educación Básica del Sindicato Magisterial Veracruzano, quien tuvo la mala suerte de toparse con el retén que se estableció en la avenida Maestros Veracruzanos, en donde al filo de las 3 horas de este domingo sufrió las consecuencias de las malas acciones de quienes están al frente del mismo.
Refiere el citado docente que al pasar por ese retén, al pasar la revisión se constató que su licencia estaba vencida, por lo que aceptó su culpa y pidió se le levantara la infracción, sin embargo su sorpresa fue que su vehículo, un Chevy del que no dijo el modelo sería enviado al corralón para garantizar el pago de la multa.
La decisión de los oficiales fue indignante, pues al explicarles que venían del Centro de Atención de Especialidades (CAE), pues de manera urgente habían llevado a un familiar (su cuñada) porque se le había reventado la fuente y al retornar se toparon con el operativo, pero un supuesto doctor que participa en él, consideró que eso no implica una emergencia médica.
Lo más grave del asunto, dijo, fue cuando personal de la empresa de grúas SOS, le pidió a su señora madre, de aproximadamente 50 años de edad, bajarse del carro “o la bajarían a punta de cachetadas, cuando ellos no tenían por qué intervenir en este asunto y al solicitar la intervención de los elementos policiacos que estaban presentes en ese momento atender esta agresión verbal, ellos indicaron que si no se bajaban de la unidad, ellos los ayudarían a hacerlo.
Lo indignante de este hecho es que los oficiales están para garantizar la seguridad de la población en general y no para una empresa en particular, lo que hace suponer que existe contubernio con la empresa de grúas para engrosar los bolsillos de sus propietarios, en donde al parecer son funcionarios del gabinete estatal.
Recordó que de acuerdo a la ley vigente, el hecho de tener vencida la licencia no implica que se retenga la unidad, basta solo con el levantamiento de la infracción, de la cual, dijo estar consciente de no haberla actualizado, y que estaba dispuesto a cubrirla en el tiempo que la misma ley establece hacerlo.
Sin embargo, sostuvo que con estos operativos lo que se busca es que este tipo de acciones en las que incurren los elementos de policía y tránsito, es en beneficio de las empresas, en donde al parecer tienen que cumplir con la cuota de unidades vehiculares que tienen que llevar al corralón y obtener más dividendos con el pago de arrastre, estimada en 800 pesos mientras que la infracción es de aproximadamente 200 pesos y que si la paga en los cinco días subsecuentes, ésta disminuye al 50%.
Por esta situación, pidió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al titular de Seguridad Pública, Humberto Téllez Marie, tomen cartas en el asunto, de lo contrario esteremos en el hecho de que sí hay año de Hidalgo, concluyó.
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