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la Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción (ONEA), presentó ante el Congreso local una solicitud de Juicio Político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

la Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción (ONEA), presentó ante el Congreso local una solicitud de Juicio Político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

 

Por actos y omisiones que, conforme a la ley, han afectado los intereses públicos fundamentales y el correcto despacho de la Fiscalía General del Estado, así como la violación sistemática a las garantías individuales y sociales, la Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción (ONEA), presentó ante el Congreso local una solicitud de Juicio Político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Puntuales a la cita, desde las nueve de la mañana, un reducido grupo de integrantes de ONEA, encabezados por el Director Ejecutivo, Iván Gidi Blanchet, entregó ante la Oficialía de Partes, el documento que contiene demanda y argumentos jurídicos que respaldan la petición a la que agregan inhabilitación como servidor público.

La denuncia interpuesta, fue elaborada por el Consejero Jurídico de la ONEA, el maestro Juan José Llanes del Ángel, quien al ser entrevistado, comentó que esta es la primera que se presenta una solicitud de este tipo, desde la sociedad civil contra un alto funcionario político del gobierno.

Por su parte Gidi Blanchet, en entrevista consideró que ahora, la coyuntura política les favorece, “esperamos que el Congreso local revise a conciencia la evidencia que estamos presentando y se comporte a la altura. Hemos recibido una enorme simpatía de colectivos de desaparecidos, como el Solecito y muchos abogados, por lo que estamos pensando en hacer una ampliación”.

Recordó que la petición al Congreso del Estado, se sustenta en el artículo 77 de la Constitución Política del estado de Veracruz la cual señala “Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado, los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos”, etc.

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