Ante los logros dados a conocer por Cuitláhuac, urge que su gabinete se sume a su trabajo, quien no pueda que renuncie…

Imperativo que Secretarios de Despacho se apliquen en la atención de programas gubernamentales, porque la 4T no puede permitir omisiones: Vicente Aguilar.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., A pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19, “vemos buenos resultados en estos primeros seis meses del 2020 del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez”, pero es necesario que su gabinete cumpla con las políticas ordenadas por el titular del ejecutivo, “quien no lo haga que renuncie”.

Esto lo exigió Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo (PT), quien dijo que es imperativo que esto se aplique urgentemente “porque la 4T no puede permitir omisiones”.

En entrevista, el dirigente estatal petista señaló que a más de 18 meses de lo que lleva la actual administración estatal, el Gobernador del Estado dio cuenta en su pre-informe dado a los veracruzanos el pasado lunes de los logros realizados en todos los ámbitos, haciendo hincapié en lo señalado por él referente a que “dónde antes se compraban votos hoy se realizan obras”.

“Esas son obras no palabras y así tienen que conducirse los Secretarios de Despacho o si no pueden con el paquete que renuncien”, para no ser un lastre que obstaculice los objetivos trazados por la actual administración estatal en el combate de la pobreza y marginalidad, añadió.

En otro tema, el petista hizo referencia a la denuncia hecha por la magistrada Concepción Flores Saviaga en torno a la desaparición de los recursos destinados a la implementación de tecnología digital para atender a litigantes, mismos que estaban considerados en el presupuesto a ejercer en el 2020, demandando se aclare el destino y uso de dichos recursos.

Además, pidió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) o la Contraloría General del Estado den a conocer los avances de las investigaciones que se realizan en torno a los recursos que la anterior administración estatal destinó para la adquisición de cámaras de vigilancia y que ascienden a más de mil 100 millones de pesos.

Fundamentó su exigencia en el sentido de que dicho equipo no funciona y hoy en día ante el alto índice de delitos que se cometen “es necesario saber las indagatorias de esta compra irregular, porque no es posible que los veracruzanos sufran las consecuencias de actos cometidos por malos funcionarios”, concluyó.