Imprecisiones jurídicas en declaración de Emergencia Sanitaria por fuerza mayor; ley laboral establece contingencia sanitaria…

Esto provoca incertidumbre entre trabajadores y patrones para garantizar pago de salarios y prestaciones, y la fuente de trabajo: Ricardo Espinoza.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., En la declaración de emergencia sanitaria por fuerza mayor, emitida por el Consejo de Salubridad General el pasado lunes, no hay una claridad precisa sobre los pasos a seguir jurídicamente para la suspensión de las actividades laborales y evitar lesionar los derechos y obligaciones de los trabajadores y empresas.

Lo anterior fue señalado por Ricardo Espinoza López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), quien dijo que, con la declaración de emergencia sanitaria, en la Ley Federal del Trabajo establece la contingencia sanitaria, para suspender las actividades laborales en las fábricas y empresas.

Cuando están declarando la enfermedad en general y por fuerza mayor, no corresponde en lo que se está diciendo en cuanto a los derechos y obligaciones entre trabajadores y empresas, lo que ha ocasionado incertidumbre entre ambas partes sobre las acciones a realizar para enfrentar el problema de salud pública generada por el COVID-19, señaló.

Esta imprecisión jurídica, dijo en entrevista telefónica, ha obligado a las centrales obreras y patronales a tomar “una serie de decisiones con lo que marca la ley en la materia, como es el garantizar el pago de salarios mínimos marcados en la misma hasta por 30 días y el cierre de la fuente de trabajo”.

¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo en materia colectiva, y en la relación con cada trabajador? Se preguntó y respondiéndose, dijo:

“Las empresas y los sindicatos están llegando a acuerdos lo más prudentes posibles para no poner en riesgo: La estabilidad del empleo, que consiste que el trabajador no sea rescindido; que tenga un ingreso proporcional en cuanto a las circunstancias y que la empresa mantenga la estabilidad laboral”.

“Entonces en base a eso se están haciendo acuerdos que no lesionen los derechos de nadie y podamos mantener la plantilla laboral y la fuente de trabajo, siempre, hoy en día, buscando la salud y protección de los trabajadores”, añadió.

En ese tenor, dijo que hay una plena disposición de los empresarios de no afectar lo menos posible los salarios y prestaciones de los trabajadores, y los trabajadores no afectar la planta productiva, porque sabemos que es la fuente de sostenimiento, no solo de la economía nacional, sino de las familias mexicanas del mundo formal.

Recordó que, de cada diez empleos, seis son informales y cuatro formales, y los informales están peor, porque si se para la planta productiva, ya nadie les comprará y nadie les va a consumir, porque no se está produciendo esa riqueza “y esto el gobierno federal no lo ve, no le interesa, le interesa el mundo de carácter social donde el público esté a modo, donde el Presidente y los Gobernadores den las dádivas que dan a la población y que les aplauda. Eso es lo que les interesa buscar votos”.

A nosotros, indicó, nos interesa el mundo productivo, la creación de empleos, la inversión, los buenos salarios, etc., etc., y cumpliendo con nuestras obligaciones, pero no han querido hacer una estrategia donde al menos en dos o tres meses les permita hacer un desahogo a todos los que pagamos impuestos, porque no se está pidiendo que no se pague, sino que se difieran un poco los pagos.

Finalmente, consideró como grave esta situación porque se está afectado a la fuente productiva en la cuestión formal, de la cual hasta el momento no se han establecido políticas públicas para su recuperación y reactivación económica y laboral.